Néstor Kirchner hizo su campaña electoral de 2003 con un fuerte discurso sobre el estado calamitoso de los ferrocarriles. Contó, incluso, que se subió a un tren como pasajero raso para viajar en uno de los tramos que terminan en la Capital. Eso es inhumano , contó luego por televisión. Los poderosos hermanos Cirigliano, que tienen la concesión del Sarmiento, el mismo de la tragedia de Once venían en complicidad con funcionarios desde la época de Menem. Formaban parte -y forman- de un sistema discrecional, ineficiente y oscuro.

Kirchner accedió al poder en mayo de 2003 y poco después convirtió a los Cirigliano, y a otros empresarios, en interlocutores favoritos de su gobierno. La intensa presión de la campaña electoral pareció entonces una estrategia para obligar a los Cirigliano a abandonar el menemismo y anclar en el kirchnerismo. Lo logró. Ricardo Jaime (nadie puede explicar por qué no está preso todavía) y Juan Pablo Schiavi fueron los orfebres de ese nuevo amor. La Justicia lo sabe, y calla.

No menos de cuatro informes de la Auditoría General de la Nación (el último que se conoce es de 2008) alertaron al Gobierno sobre la falta de mantenimiento de los trenes, incluidos los frenos, y sobre los riesgos de accidentes mortales. El próximo miércoles, la Auditoría podría aprobar el último, tan fulminante y acusador como todos los anteriores. El Gobierno tenía en esos informes, mucho antes, los argumentos necesarios como para rescindir los contratos sin indemnización. En el informe de 2008, la Auditoría advirtió sobre la posibilidad de un descarrilamiento en un lugar determinado. Una fotografía de vías rotas acompañó la advertencia. Poco después, el descarrilamiento sucedió en el lugar que la fotografía había indicado.

El Gobierno ni siquiera leyó esos informes que advertían, en última instancia, sobre eventuales muertes de argentinos. La última noticia de la Auditoría que conmovió a Cristina Kirchner fue la que dio cuenta de que su otrora protegido Nicolás Fernández, un ex senador santacruceño, había recalado ahí como importante asesor, sin conocimiento de ella. Cristina ordenó que renunciara en el acto. Ya había vetado su reelección como senador. Algo sucedió entre ella y su sucesor en el Senado (Fernández heredó hasta el despacho de Cristina) que nadie puede descifrar.

¿Por qué esos empresarios jugaban, un día sí y otro también, con la vida y la muerte de los pasajeros? ¿Por qué no temieron por su prestigio y por su responsabilidad penal? Había en ellos una enorme sensación de impunidad, la certeza de que ellos y el Estado eran una misma cosa , contaron funcionarios que hablaron con los empresarios sobre los riesgos que corrían. Ahora, esos empresarios han caído en desgracia con los métodos clásicos del kirchnerismo: el Gobierno se exhibe como una víctima tan inocente como los muertos y sus familias. Presentarse como querellante en la causa (que es lo que hizo el Gobierno) sería un sarcasmo si no formara parte de un drama. Sólo pueden ser querellantes los particulares damnificados sin posibilidad alguna de ser investigados como culpables.